La cláusula rebus sic stantibus (en adelante, la «cláusula rebus»), literalmente significa «estando así las cosas», y, en contra de lo que pudiera parecer, no es una estipulación contractual.

La «cláusula rebus» es una construcción doctrinal cuya posibilidad de utilización ha sido admitida por nuestra jurisprudencia sobre el fundamento de que exigir el mantenimiento de las condiciones de un contrato a pesar de una modificación extraordinaria de las circunstancias que lo motivaron podría resultar contrario a la equidad y a la buena fe.

No obstante, la realidad es que no hay una norma en nuestro ordenamiento jurídico que prevea la «cláusula rebus»; esto es, que no hay norma alguna que regule la posible revisión o resolución del contrato por una alteración sobrevenida de las circunstancias.

Precisamente por ello, esa posibilidad de utilización de la «cláusula rebus», se presenta como algo sumamente excepcional, o incluso como una cuestión más teórica que real, pues apenas es posible encontrar sentencias del Tribunal Supremo que estimen pertinente su aplicación.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que la «cláusula rebus» únicamente puede tener lugar en contratos en los que exista un periodo de tiempo entre su celebración y su cumplimiento.

Asimismo, su apreciación exigirá los siguientes requisitos: (i) alteración extraordinaria de las circunstancias; (ii) desequilibro absoluto de las prestaciones; (iii) total imprevisibilidad del cambio, y (iv) subsidiariedad.

Superados tales presupuestos y requisitos, debe tenerse en cuenta que su admisión, en todo caso, debería dar lugar a una modificación del contrato, aunque la jurisprudencia tampoco descarta su resolución.

Y, si bien en el año 2014 el Tribunal Supremo dictó dos sentencias de las que se deducía un giro jurisprudencial hacia una mayor flexibilidad en su apreciación, cinco años después, dicho cambio parece haber quedado descartado.

En concreto, y en cuanto a las crisis, el Tribunal Supremo ha declarado las crisis económicas no pueden justificar la aplicación de la «cláusula rebus», en tanto que una crisis es fruto de la naturaleza cíclica de la economía, y no se cumpliría, por tanto, el requisito de la total imprevisibilidad.

El Tribunal Supremo ha declarado las crisis económicas no pueden justificar la aplicación de la «cláusula rebus»

Pues bien, a pesar de todo lo anterior, creemos que la crisis del coronavirus parece reunir muchas de las circunstancias que podrían permitir su estimación, especialmente en algunos sectores como la hostelería, el turismo, o el transporte de personas. Eso sí, confiar una defensa, exclusivamente, en la apreciación de dicha cláusula bien podría considerarse temerario.

Uno de los pilares de nuestro ordenamiento jurídico es que los contratos vinculan a las partes, y deben cumplirse de acuerdo con lo pactado en los mismos. Así lo recogen los artículos 1.091 y 1.258 del Código Civil, inspirados en la expresión latina «pacta sunt servanda», de similar significado.

No obstante, en los contratos en los que exista un tiempo entre la fecha de su celebración y el momento en que deban cumplirse, puede ocurrir que, en ese periodo, se produzca un absoluto desequilibrio entre las prestaciones de las partes, o se frustre para una de ellas la finalidad del contrato.

En estos casos, la doctrina y la jurisprudencia se han planteado si   exigir a los contratantes continuar en el contrato en las condiciones pactadas, resulta contrario a la equidad y a la buena fe, que también son dos principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico previstos en los artículos 3.2, 7, y 1.258 del Código Civil.

En este contexto surgió la «cláusula rebus», según la cual, determinadas situaciones excepcionales podrían provocar la modificación o, en último término, la resolución de un contrato.

Regulación

El Derecho español carece de una norma que regule la posible revisión o resolución del contrato por una alteración sobrevenida de las circunstancias (STS 447/2017 de 13 julio).

Dicho de una forma más clara, la «cláusula rebus» no está legalmente reconocida (STS 1048/2000 de 15 noviembre).

Sin embargo, tal posibilidad ha venido siendo aceptada por nuestros tribunales en virtud de la «cláusula rebus», norma ésta de creación doctrinal (STS 79/2007 de 25 enero).

Excepcionalidad

Como toda excepción a una norma general, debe tenerse en cuenta que la «cláusula rebus» es de apreciación restrictiva. Más aún, podría decirse que sumamente excepcional, pues ha sido tachada por el Tribunal Supremo como «peligrosa», y que debe estimarse de forma «muy cautelosa» (STS 5/2019 de 9 enero; STS 1048/2000 de 15 noviembre).

De hecho, y, aunque es cierto que su posibilidad de aplicación ha sido admitida por la jurisprudencia, apenas pueden encontrarse ejemplos en los que el Tribunal Supremo haya considerado procedente su aplicación.

Presupuestos

La «cláusula rebus» únicamente puede invocarse en aquellos contratos en los que exista un período de tiempo entre (i) el momento de celebración del contrato y (ii) el de cumplimiento de la prestación por la parte que la alega.

Siendo en ese periodo de tiempo cuando debe producirse el desequilibrio o frustración de la finalidad del contrato.

Como ha apuntado la doctrina, este periodo puede presentarse de dos formas diferentes:

  1. En contratos de tracto sucesivo: por ejemplo, un contrato de arrendamiento de un local en el que, en el quinto año, la renta inicialmente pactada se convierte en desproporcionadamente alta.
  2. En contratos de tracto único con ejecución diferida: por ejemplo, un contrato de compraventa de vivienda sobre plano, en donde la entrega de la cosa se aplaza dos años y, llegado tal momento, al comprador le resulta imposible obtener financiación para pagar el precio.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que en esta clase segunda de contratos (de tracto único con ejecución diferida) la «cláusula rebus» es, si cabe, de aplicación más excepcional (STS 313/2004 de 22 abril).

Por tanto, ni siquiera es invocable en contratos de tracto único con ejecución no diferida, como, por ejemplo, un contrato de compraventa de vivienda en el que ésta se entrega en el momento de la firma del contrato.

Requisitos

La admisión de la «cláusula rebus» exige que se cumplan los siguientes requisitos:

  1. Una alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración;
  2. Una desproporción exorbitante, fuera de todo cálculo, entre las prestaciones de las partes contratantes que verdaderamente derrumben el contrato por aniquilación del equilibrio de las prestaciones, y
  3. Que todo ello acontezca por la irrupción de circunstancias radicalmente imprevisibles y, no imputables a ninguna de las partes.
  4. Que se carezca de otro medio para remediar y salvar el perjuicio.

Así lo ha declarado nuestra jurisprudencia tanto décadas atrás como actualmente (STS de 27 de junio de 1984; STS de 10 de diciembre de 1990; STS 1048/2000 de 15 noviembre; STS 79/2007 de 25 enero; STS 41/2019 de 22 enero).

Exclusiones

En sentido negativo, y en coherencia con lo anterior, no cabe apreciar la «cláusula rebus» en los siguientes supuestos:

1.-Cuando las partes hayan asumido expresa o implícitamente el riesgo de que una circunstancia aconteciera, o la alteración se encuentre dentro de los riesgos normales del contrato (STS 452/2019 de 18 julio). Dado que en tales casos faltaría el requisito de la imprevisibilidad.

2.-A los contratos con incertidumbre sobre sus resultados económicos (STS 626/2013, de 29 de octubre), como son los contratos sobre productos financieros de alto riesgo (STS 5/2019 de 9 enero).

El motivo, nuevamente, es que en estos casos la alteración de las circunstancias tampoco es imprevisible, pues, precisamente, la incertidumbre constituye la base determinante de la regulación contractual.

3.-Cuando la parte que la pretenda hacer valer hubiera sido la causante de los perjuicios que pretende evitar con la aplicación de la «cláusula rebus» (ATS de 21 marzo 2018, rec. 3076/2015). En este caso, obviamente, faltaría el requisito de la no imputabilidad.

Efectos

En cuanto a sus efectos, la jurisprudencia tradicionalmente ha venido declarando que su admisión no puede dar lugar a la extinción del contrato sino únicamente a su modificación y revisión (STS 93/2012 de 21 febrero; STS 781/2009 de 20 noviembre; STS 79/2007 de 25 enero).

No obstante, alguna sentencia más moderna (STS 452/2019 de 18 julio), aunque no estima procedente su apreciación, sí parece admitir que la misma podría provocar la resolución de un contrato.

Son tan escasas las sentencias del Tribunal Supremo que aprecian esta regla, que no resulta posible determinar qué efectos reales le anuda. En todo caso, en las excepcionales ocasiones en que la ha estimado (STS 591/2014 de 15 octubre; STS 333/2014 de 30 junio) ha acordado la modificación del contrato, en base al principio de conservación de los actos y negocios jurídicos.

Así, la STS 591/2014 de 15 octubre, que versaba sobre un contrato de arrendamiento de un hotel por un periodo de 25 años, el Tribunal Supremo acordó reducir la renta un 29%, pero solo durante un periodo de cinco años, que no durante toda la vida del contrato.

Mientras que la STS 333/2014 de 30 junio, en relación con un contrato de explotación de la publicidad incluida en los autobuses municipales de la ciudad de Valencia, estimó procedente una reducción del precio del contrato de un 20%, durante los cuatro años del mismo.

Evolución jurisprudencial

Una de las primeras sentencias del Tribunal Supremo que admitió la posibilidad de emplear la «cláusula rebus» fue la de 14 de diciembre de 1940. No obstante, ni siquiera ésta estimó procedente su aplicación.

Desde entonces, y hasta el año 2014, han sido muy escasas las ocasiones en que el Tribunal Supremo ha considerado procedente su utilización, y, cuando lo ha considerado, la razón decisoria de la sentencia no se basaba en la «cláusula rebus» (STS de 11 de junio de 1951; STS 1121/2008 de 3 diciembre; STS 309/2013 de 26 abril).

Es cierto que sí podemos encontrar algunas sentencias de audiencias provinciales que han admitido la «cláusula rebus», pero como luego han sido revocadas por el Tribunal Supremo, no parece que pueda considerarse una estimación correcta de la «cláusula rebus» (STS  214/2019 de 5 abril; STS 820/2013, de 17 de enero; STS 822/2013 de 18 de enero).

La evolución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a la posibilidad de justificar la aplicación de la «cláusula rebus» en una crisis económica es muy similar a la antes descrita.

Hasta el año 2012, y, en coherencia con su doctrina tradicional, el Tribunal Supremo no lo había admitido.

Las sentencias del Tribunal Supremo 644/2012 de 8 de noviembre, y 820/2013 de 17 de enero, apuntaron a tal posibilidad. No obstante, como el Tribunal Supremo venía haciendo habitualmente, en ninguna de dichas ocasiones estimó procedente su apreciación.

Las ya comentadas STS 591/2014 de 15 octubre; STS 333/2014 de 30 junio, que sí aceptaron la «cláusula rebus», la justificaron, precisamente, con motivo de la crisis desatada en el año 2008.

Finalmente, las SSTS 214/2019 de 5 abril y 19/2019 de 15 enero, declaran que no cabe aplicar la «cláusula rebus» a causa de una crisis económica, por cuanto, dada la naturaleza cíclica que tiene la economía, las crisis no pueden considerarse fenómenos imprevisibles, y, asimismo, dichas sentencias apuntaron a que aceptar tal planteamiento podría construir un incentivo para incumplimientos meramente oportunistas.

Conclusión respecto a la crisis del coronavirus

A pesar de todo lo anterior creemos que es posible que nuestros tribunales consideren procedente la modificación de algún contrato con motivo de la crisis del coronavirus, y por la aplicación de la «cláusula rebus». Pues, es difícil imaginarse una situación con más probabilidades de apreciación de la «cláusula rebus» que dicha crisis del coronavirus, que ha producido (i) una alteración extraordinaria de las circunstancias; (ii) en ocasiones, un desequilibro absoluto de las prestaciones de algunos contratantes; y ello (iii) con total imprevisibilidad.

En definitiva, si bien hemos de instruir y subrayar en que confiar una defensa en la «cláusula rebus» podría considerarse temerario, su alegación como argumento de apoyo sí podría tener sentido en determinados contratos grave y súbitamente afectados por la crisis del coronavirus.

Fuente: Economist & Jurist

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